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Boletín de noticias 13 de marzo de 2012
EL TIEMPO
DE GREIFF, MESA Y MONTEALEGRE SON LOS TERNADOS PARA FISCAL
El presidente Juan Manuel Santos hizo el anuncio en la Casa de Nariño.
El mandatario reveló los nombres de los tres juristas que integran la terna de la que saldrá el nuevo Fiscal General de la Nación. Se trata de Mónica de Greiff, María Luisa Mesa y Eduardo Montealegre
"Esta es una terna de lujo y quiero agradecerles a los tres que hayan aceptado formar parte de la terna. El país sabe muy bien que la Fiscalia pasa por un momento muy importante de su historia", dijo Santos desde la Casa de Nariño.
El Jefe de Estado le pidió a la Corte Suprema que "elija a la menor brevedad posible" al nuevo Fiscal de la terna que acaba de presentar.
La actual fiscal encargada, Martha Lucía Zamora, no fue incluida en la terna. Ella reemplazó a Viviane Morales en el cargo después de que el Consejo de Estado anulara su elección.
PERIODO DE PRÓXIMO FISCAL SERÍA HASTA 2013, SEGÚN EL CONSEJO DE ESTADO
En manos del presidente Juan Manuel Santos quedó este lunes en la noche el concepto del Consejo de Estado que establece hasta cuándo iría en el cargo el próximo Fiscal General de la Nación. (Cuatro claves del concepto del Consejo de Estado).
La Sala de Consulta del alto tribunal -según conoció extraoficialmente EL TIEMPO.COM- habría determinado que el periodo que deberá cumplir el sucesor de la fiscal Viviane Morales debe ser institucional y no personal. Es decir, de cuatro años fijos contados a partir del 2009, año en que el cargo quedó vacante.
La discusión por el periodo del Fiscal quedó abierta luego de que la Sala Plena del Consejo de Estado anuló, hace dos semanas, la elección de Morales. Así, el nuevo Fiscal estaría en el cargo hasta julio del 2013.
De acuerdo con fuentes de la Presidencia consultadas por EL TIEMPO.COM, el Primer Mandatario también revelaría en las próximas horas los nombres de la terna que entregará a la Corte Suprema. En esa lista, al parecer, estaría incluida la actual fiscal encargada Martha Lucía Zamora.
La discusión sobre el periodo para el próximo Fiscal radicaba en que el fallo del Consejo de Estado que anuló la elección de la fiscal Viviane Morales, por vicios en el trámite surtido en la Corte Suprema, no establecía el periodo que duraría en el cargo su sucesor.
Morales fue destituida del cargo porque, según el reglamento interno de la Corte, ella debió ser elegida por 16 votos, pero solo obtuvo 14. La Corte, interpretando su propio reglamento, tomó la decisión de nombrarla fiscal con menos votos, sobre la base de que había cinco vacantes definitivas en el tribunal.
No obstante, una vez fue anulada esta elección, quedó en duda si el sucesor estaría en el cargo hasta julio de 2013 -periodo institucional- o durante cuatro años -periodo personal-.
Ante esta inquietud, tanto el Gobierno como el Procurador, Alejandro Ordóñez, le solicitaron al Consejo de Estado que resolviera cuanto antes esta cuestión, para que el Presidente pudiera enviar la terna de los tres candidatos para ocupar el cargo.
Con esta decisión del Consejo de Estado se resuelve esta duda y solo quedaría faltando que el presidente Juan Manuel Santos envíe su terna de candidatos y que la Corte Suprema de Justicia prosiga a elejir al nuevo Fiscal.
Ahora bien, quien llegue a ocupar el cargo durante los próximos meses no podría aspirar a ser elegido para un siguiente periodo.
PROPONEN PLAZO FIJO PARA ELEGIR FISCAL
Elección Visible -una coalición de varias ONG de la sociedad civil- propuso ayer que en la reforma de la Justicia, que está en trámite en el Congreso, queden establecidos puntos claves de la elección del Fiscal General de la Nación.
El primer punto que señalan es que se fije un término para que la Corte Suprema de Justicia elija Fiscal General y que exista sanciones por incumplir ese plazo. Contrario al caso de Viviane Morales, cuando el cargo tuvo interinidad de 16 meses. También piden que se realice una audiencia previa para ratificar la terna. Y también que se aumente, en 10 años, el tiempo de experiencia para asumir el cargo. Es decir, el candidato a Fiscal tendrá que tener 20 años de experiencia como abogado.
Y por último, Elección Visible propuso que se deje expresamente definido en la Constitución de cuánto es el periodo del Fiscal General.
CLAVES DEL CONCEPTO DEL CONSEJO DE ESTADO SOBRE PERIODO DEL FISCAL
El alto tribunal dijo que el periodo para ocupar ese cargo sería institucional, no personal.
1. ¿Por qué el periodo es institucional y no personal?
Hasta el 2003, los períodos de los altos funcionarios y los de los mandatarios elegidos por voto popular eran personales. Ese año, una reforma promovida por el gobierno del presidente Álvaro Uribe estableció periodos institucionales y no personales. Una de las consecuencias fue que se acabaron las llamadas elecciones atípicas de alcaldes, que en algún momento llegaron a contarse por decenas al año.
En el caso del Fiscal General, el periodo de Mario Iguarán terminó el 31 de julio del 2009. Lo que dice el concepto es que, en todo caso, el periodo de su sucesor terminaría el 31 de julio del 2013.
2. El concepto no obliga, pero marca la ruta
Aunque cabría la posibilidad de que ni el Gobierno ni la Corte Suprema acaten el concepto de la Sala de Consulta y determinen que el nuevo Fiscal General iría por cuatro años, esa opción tiene poco chance. No solo porque las dos partes habían pedido un pronunciamiento del máximo tribunal de lo contencioso administrativo sino porque si no lo acatan es casi fija una demanda contra el nuevo Fiscal que sea elegido, con todos los efectos de incertidumbre que esto generaría.
Y aunque el concepto no necesariamente reflejaría lo que decida el Consejo de Estado en pleno, es importante recordar que en la misma decisión que tumbó de su cargo a Viviane Morales tuvo mucha fuerza la posición según la cual ella no iría en la Fiscalía más allá de julio del 2013.
3. ¿Incidirá el concepto en la terna?
El mismo presidente Santos había dicho que esperaría a conocer la opinión del Consejo de Estado antes de postular a sus tres candidatos a Fiscal, de los que eligirá la Corte en pleno. Varios juristas que estaban en el sonajero le dijeron a este diario que no aceptarían una postulación para 17 meses. Esto implica necesariamente que se recompondría la lista. Incluso, algunos sectores no descartan que la actual fiscal encargada, Martha Lucía Zamora, esté en la terna y sea elegida en propiedad, para evitar mayores traumatismos en la Fiscalía.
4. ¿Podría la Corte no elegir de la terna y mantener a la Fiscal encargada o a quien designe?
Esa posibilidad existe, pero la misma Corte Suprema ha manifestado públicamente su intención de realizar una elección pronta que normalice la situación de la Fiscalía General, considerado el principal órgano de la justicia colombiana. En la Corte hay conciencia de que, primero, su tardanza para elegir al sucesor de Iguarán (16 meses, después de tres ternas) y, segundo, el error que se cometió al desconocer el reglamento interno para elegir a Viviane Morales con menos votos, que terminó tumbándola del cargo, tienen una incidencia determinante en la actual situación de incertidumbre en la Fiscalía.
INCODER, EN JAQUE POR RESTITUCIÓN A DESPLAZADOS DE LOTE DE CARBONERA
Fallo ordena entregarles El Prado a 48 familias o girarles 100 mil millones de pesos.
Una decisión emitida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar tiene literalmente contra las cuerdas al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder).
La providencia le ordena restituir de inmediato a 48 familias de desplazados el predio El Prado, 1.265 hectáreas contiguas a la mina de carbón Calenturitas (Cesar), explotada por la firma Prodeco. (Lea más sobre restitución de tierras)
Pero el Incoder dice que no puede hacer efectivo el fallo porque la anterior administración del Instituto -a cargo de Rodolfo Campo, hoy preso por el caso AIS- lo negoció.
Efectivamente, tal como lo denunció EL TIEMPO en 2010, El Prado fue canjeado con Prodeco por siete lotes en los que, en teoría, se iban a reubicar a las 48 familias.
La firma invirtió 4.427 millones en los nuevos predios y les pagó a los ocupantes mejoras por 3.650 millones de pesos.
En contraprestación, el Incoder se comprometió a entregarles El Prado desocupado y sin demandas para hacer un plan de manejo ambiental ordenado por Minambiente en 2007, pero esto no ha ocurrido.
La razón es que algunas familias alegan que el Incoder no tenía por qué negociar El Prado ya que este fue comprado exclusivamente para ellos (en 1996), tenía medidas de protección que impedían la permuta y los desplazados tuvieron la posesión por 16 años.
Por eso, según el Incoder, están exigiendo que se les reconozcan 80 millones por hectárea, es decir, 100 mil millones, el equivalente al 22 por ciento del presupuesto de la entidad para este año.
Su solicitud es respaldada por el fallo del juez, que condenó a Luis Andrade, el 'Llanero', a 40 años de cárcel por desaparición forzada y desplazamiento de varios campesinos de El Prado en 2002. De hecho, el juez dijo que el desplazamiento "se hizo con el objeto de obtener las tierras para vendérselas a Prodeco".
Pero el Incoder decidió entutelar el fallo. Según la entidad, el juez solo debía juzgar la conducta del 'Llanero' y no resolver la restitución, e insiste en que si bien el predio fue comprado para esas familias, aún está a nombre de la entidad.
Y alega que se le violó el debido proceso al no dejarlo exponer sus argumentos durante el proceso. Sobre la millonaria indemnización, señala que por ley solo les puede dar a los desplazados un subsidio de tierras equivalente a 71 salarios mínimos por familia.
Por eso, para el Incoder la cifra exigida por los campesinos es exorbitante pues el avalúo catastral es de 4.427 millones. También reitera que en El Prado no hay carbón y dice que algunos desplazados vendieron parcelas a terceros.
Mientras se define la tutela, el Incoder también se está defendiendo de una demanda por 7.500 millones de pesos que le entabló Prodeco por incumplirle el contrato.
EL TIEMPO estableció que la entidad y la carbonera pactaron una nueva cita para buscar un acuerdo. Pero antes de zanjar diferencias deberán esperar a que el Tribunal Superior del Cesar reverse o confirme el fallo del juez que ordena la restitución inmediata.
La demanda de Prodeco
Prodeco señaló que demandó al Incoder porque esa entidad no ha cumplido con lo pactado en la permuta, a pesar de que la firma ha girado 7.100 millones de pesos. Agregó que la entidad tampoco les cumplió a las familias con los subsidios prometidos. Y dijo que El Prado está por fuera del contrato minero y que no tiene interés en ese predio.
AGENTES VERIFICARÁN IDENTIDAD DE TESTIGO CLAVE DE PALACIO DE JUSTICIA
Harán reconocimiento fotográfico del suboficial que afirma que fue suplantado.
Dos testigos clave serán escuchados este miércoles para determinar si el cabo Edgar Villamizar Espinel es la misma persona que en agosto de 2007 dijo a la Fiscalía que vio al condenado coronel Alfonso Plazas Vega ordenar torturas a varias de las personas sacadas del Palacio de Justicia.
Los agentes del CTI Efrén González y Pablo Enrique Vásquez, quienes habrían estado presentes en esa declaración, fueron citados por el juez 55 penal de Bogotá para que hagan reconocimiento fotográfico del suboficial que afirma que fue suplantado y que nunca entregó esa declaración a la Fiscalía.
El Juzgado cuenta con varias fotografías recientes de Villamizar Espinel y algunas de su folio de vida en el Ejército para que los testigos las miren y digan en audiencia pública si el hombre que ahora dice que no estuvo en Bogotá en noviembre de 1985 fue el mismo que dijo a la Fiscalía que vio cuando "alguien le pregunta al Coronel Plazas qué hacemos con la gente y es donde manifiesta abiertamente: 'cuelguen esos hijueputas'".
Para no dejar duda sobre la identidad del testigo, el juez ordenó a la fiscal Norma Angélica Lozano, quien lleva una indagación contra la exfiscal Ángela María Buitrago, que entregue la declaración de quien aparece como Edgar Villareal para que sea confrontada con la declaración de Edgar Villzamizar Espinel a la Procuraduría, a donde se presentó, el 23 de mayo de 2011, para denunciar la presunta suplantación.
Esos documentos también son contrastados por grafólogos del CTI de la Fiscalía con la declaración rendida por el cabo el pasado 23 de febrero.
Cumpliendo lo ordenado por el Tribunal Superior de Bogotá en la ratificación de la condena de 30 años de cárcel al coronel Plazas Vega, el juez determinó que se hagan nuevas pruebas de ADN a los restos recuperados en el cementerio del sur y se contrasten con los familiares de la empleada de la cafetería del Palacio Norma Constanza Esguerra, David Suspues Celis y la guerrillera Irma Franco.
El Juez ordenó a la Fiscalía que otros cuatro restos sean objeto de las más modernas técnicas de identificación, para establecer si los supuestos desaparecidos están entre los cadáveres recuperados en el Palacio.
Igualmente, se ordenó hacer pruebas de morfología a las personas que son observadas saliendo del Palacio en las imágenes difundidas por los noticieros de televisión para definir científicamente si entre ellos están algunos de los desaparecidos.
"Esas pruebas no se hicieron en el pasado porque, según la Fiscalía, el material aportado estaba muy difuso y no se podían observar los rasgos específicos que se requieren para hacer una comparación", indicó el Juez que lleva el caso contra el coronel Edilberto Sánchez Pubiano y otros tres exmilitares del B2 por el delito de desaparición forzada.
Finalmente, fueron citados como testigos Yolanda González, perito que realizó las pruebas iniciales de ADN, y el actual director de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés Moreno, quien en 1998 era el jefe de la división de criminalística de la Fiscalía y participó en el proceso de exhumación.
EL ESPECTADOR
SANTOS ANUNCIA TERNADOS PARA OCUPAR LA FISCALÍA
Como una nómina de lujo describió el presidente Juan Manuel Santos a los tres ternados para ocupar el cargo de Fiscal General de la Nación. Mónica de Greiff, María Luisa Mesa y Eduardo Montealegre, fueron postulados por el Gobierno de acuerdo a sus hojas de vida y su desempeño en cargos públicos y privados.
De esta nómina, será la Corte Suprema de Justicia quien luego de un análisis y votación, elija al próximo jefe del ente investigador, que llegará en remplazo de Viviane Morales, destituía por el Consejo de Estado.
El presidente Santos dijo que los seleccionados deberán seguir una política clara de lucha contra la corrupción y agilidad en las investigaciones.
Mónica de Greiff Lindo es una abogada de la Universidad del Rosario, fue ministra de Justicia y actualmente ocupa la presidencia de la empresa de Energía de Bogotá. Además, es hija del exfiscal General Gustavo de Greiff, el primer fiscal general de Colombia.
María Luisa Mesa Zuleta es hermana de Juan Mesa, alto consejero para las Comunicaciones de la administración de Santos. Es abogada de la Universidad del Rosario y ha ejercido su profesión por más de 10 años. Ocupó cargos importantes en la Superintendencia de Sociedades y la empresa Avianca.
Eduardo Montealegre es abogado Universidad Externado con especialización en Derecho Penal de la misma universidad. Tiene un postgrado en la Universidad de Bonn y de derecho constitucional. Fue viceprocurador general de la Nación, magistrado y presidente de la Corte Constitucional.
Se espera que hacia las 5 de la tarde en sala plena, la Corte Suprema de Justicia cite a los postulados a fiscal.
VUELVE EL SUPERTRIBUNAL EN REFORMA A LA JUSTICIA
Se mantendrán las funciones nominadoras de jefes de los organismos de control en las altas cortes, pero se implementará un estricto régimen de inhabilidades.
En la Comisión Primera del Senado iniciará el trámite de la segunda vuelta de la reforma constitucional a la justicia, que tendrá cambios sustanciales en su contenido. /
Dos modificaciones sustanciales tendrá la reforma a la justicia en la etapa final de su trámite en el Congreso. Así lo decidieron los senadores y representantes de las comisiones primeras de asuntos constitucionales, luego de un encuentro en el que concluyeron que es necesario crear un tribunal para el juzgamiento de todos los funcionarios aforados y que las funciones nominadoras de las cortes se mantendrán sólo bajo un estricto régimen de inhabilidades, esto con el fin de evitar la politización de la justicia.
La decisión de retirar las funciones nominadoras fue el principal motivo para que las cortes se marginaran del debate de la reforma a la justicia y afirmaran, de forma categórica, que la intención de fondo del trámite de la iniciativa era buscar revancha por las decisiones que se han tomado desde la Corte Suprema de Justicia contra los parlamentarios investigados en los procesos de la parapolítica.
Sin embargo, el ministro de Interior, Germán Vargas Lleras, enfrentó esas críticas y aseguró: “El proyecto original del Gobierno planteaba retirarles a las cortes las funciones nominadoras para evitar la politización de la justicia y que los miembros de la rama jurisdiccional se dediquen a su función: impartir justicia”.
La propuesta de los congresistas va por el mismo camino. Según explicó el coordinador de ponentes en la Cámara, el representante Orlando Velandia, “se mantendrá la función nominadora, pero estableciendo un estricto régimen de inhabilidades para los magistrados y evitando el tráfico de influencias, el nepotismo y la politización de la justicia. Queremos desatanizar la función nominadora de las cortes”.
El senador conservador Eduardo Enríquez Maya manifestó que “la nominación no se podría modificar porque violaríamos el principio de consecutividad al no haber abordado el tema en el Senado durante la primera vuelta del trámite de la reforma. No obstante, es necesario que ningún funcionario aforado que tenga que ver con la elección de miembros de los organismos de control pueda recomendar a familiares, y así acabar con el nepotismo”.
La otra propuesta surgida del encuentro de parlamentarios es la creación del “supertribunal de aforados”, donde serían juzgados el presidente de la República, el vicepresidente, los congresistas, el fiscal general, los magistrados de las altas cortes, el procurador general, el contralor general y los magistrados del Consejo Nacional Electoral. En este tribunal se garantizaría la doble instancia para el juzgamiento de parlamentarios, tema sobre el cual se han planteado varias fórmulas que no han resultado satisfactorias.
Para el coordinador de ponentes en la Cámara, “todos los dignatarios en Colombia deben tener un tribunal que los juzgue, para que nadie se quede por fuera de la revisión de la justicia frente a sus actuaciones. Proponemos una sala especial de instrucción y juzgamiento para la primera instancia. La segunda instancia será en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia”.
Enríquez Maya explicó que el perfil de los miembros de este tribunal será muy alto: “Para acceder a este cargo es necesario llevar 20 años de ejercicio profesional, tener mínimo 50 años de edad, y el retiro forzoso será a los 70 años. La idea es que la magistratura sea un fin y no un medio, para que quienes cumplan la misión sagrada de administrar justicia no salgan con las sentencias bajo el brazo a hacer política, como ocurre en la actualidad”.
Velandia explicó que este tribunal ayudará a mitigar el enfrentamiento entre las ramas Jurisdiccional y Legislativa, que se han hecho más evidentes con el trámite de la reforma y la decisión de la Comisión de Acusaciones de abrir investigación contra más de 200 magistrados por presunta responsabilidad dentro del denominado carrusel de las pensiones.
Además, se superaría la impunidad reinante en los procesos contra magistrados de las altas cortes y el presidente de la República. En los 20 años de existencia de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes nunca se ha dictado sentencia por los comportamientos irregulares de estos funcionarios y este tribunal legislativo ya es conocido como la “Comisión de Absoluciones”.
El acuerdo entre las comisiones primeras de Senado y Cámara sobre el contenido de la reforma es un avance sustancial pues, señalan los congresistas, llegarán con posiciones depuradas al debate para hacerlo más ágil y evitar sustanciales diferencias entre los textos a conciliar al finalizar el debate legislativo.
LAS DECLARACIONES DE DOS MAGISTRADOS POR EL SUPUESTO CARRUSEL DE PENSIONES
El Espectador revela las versiones de Henry Villarraga y Julia Emma Garzón ante la Comisión de Acusación.
“Aquí esta calumniándose, vilipendiándose, mancillándose el nombre de una institución, porque estamos ad portas de emprender la segunda vuelta de la reforma a la justicia”. Ésa es la explicación que dio el magistrado Henry Villarraga sobre las denuncias del llamado carrusel de las pensiones en el Consejo Superior de la Judicatura. Además señaló que por el ritmo de trabajo “no hay quien me aguante el trajín”, y puso como ejemplo el caso del magistrado Jaime Roberto Arteaga, quien, a pesar de tener una experiencia de 26 años en la Rama Judicial, “a los 20 días se me infartó”.
Incluso, resaltó que Yezid Barbosa apenas soportó 14 meses el ritmo, hasta que le dijo: “Prefiero mi salud que seguir sacrificándome”. Villarraga manifestó en la Comisión de Acusación que la demanda de trabajo en el Consejo de la Judicatura ha crecido un 3.000% desde 1992 y que en esa época siete magistrados producían unos 700 fallos. Hoy, los mismos siete producen cerca de 9.000 al año. En ese contexto, la cantidad de expedientes represados obliga a sus magistrados a trabajar días hábiles, sábados y domingos, razón por la cual ocho de sus colaboradores no han pasado de los tres meses.
Luz Helena Muskus, madre del actual gobernador de Córdoba, le renunció para asumir como primera dama del departamento; Gloria Estella Cely duró poco tiempo y regresó a la relatoría de la corporación; con José Darío Ramírez tuvo diferencias de orden ideológico y “sólo aguantó 35 días”; Álvaro Jiménez estuvo seis meses, “hasta que decido no experimentar más” para nombrar a Marta Villamil. Son apenas algunos de los casos que mencionó Villarraga. El jurista advirtió que, por odiosas que sean las comparaciones, el Consejo de la Judicatura produce muchos más fallos que la Corte Constitucional y la Corte Suprema, si se tiene como medidor el número de magistrados auxiliares.
Finalmente dijo que no manejan el presupuesto, que su labor es designar a los magistrados auxiliares “y que quienes pensionan son los fondos de pensiones”. Pero que, como cosa curiosa, los magistrados que se jubilaron de su despacho tuvieron que acudir a la tutela para que les otorgaran ese derecho. Algunas de esas acciones llegaron a la Corte Constitucional. Villarraga insistió en su molestia con la contralora Sandra Morelli, al señalar que está creando requisitos de inhabilidades que no contempla la ley “para efectos de constituir un presunto detrimento patrimonial por nombrar a las personas que tienen un sida funcional”.
Reiteró que siempre ha actuado al amparo de la ley y que los nombramientos en su despacho no han tenido nada de irregulares.
El estrés y la altura de Bogotá
El alto nivel de estrés, la altura de Bogotá y la exigencia para mantener su despacho al día fueron los argumentos esgrimidos por la magistrada del Consejo Superior de la Judicatura Julia Emma Garzón para explicar el nombramiento de 18 magistrados auxiliares en apenas tres años. Según ella, es lógico que cada magistrado quiera trabajar con gente de su confianza, pero algunos miembros de su equipo fueron renunciando porque no resistieron el ritmo que maneja el alto tribunal, al punto que se enfermaron. “Me han autorizado para mostrar sus historias clínicas”.
Por ejemplo, refirió los casos de Constanza Margarita Navia, quien apenas trabajó en su despacho 34 días, porque “trató de darle un coma diabético”; o el de Gladys Mora Camargo, quien laboró 40 días como magistrada auxiliar. Garzón le dijo a la Comisión de Acusación que Mora “tuvo que retirarse y volver al juzgado porque llegó a un nivel de depresión, toda vez que su niña había quedado en Bucaramanga”. O el fugaz paso de la magistrada Lidda Rubio, a quien “desafortunadamente la altura de Bogotá no le sentó bien”. Algunos más sencillamente fueron retirados por la magistrada Garzón por su bajo rendimiento. La mayoría no pasaron de los cuatro meses, según la investigación de la Contraloría.
De acuerdo con la versión entregada el 1° de marzo, entre 2009 y 2010 hubo mucha rotación en sus despachos porque quería darles celeridad a los expedientes y porque fue nombrada presidenta de la corporación y su carga laboral aumentó significativamente. Dijo Garzón que ella viene del mundo académico y ha pasado toda la vida en la Rama Judicial, por lo que sus recomendados como magistrados provenían de esos mundos. Además, sostuvo, ella exigía un nivel de rendimiento de diez proyectos de fallo por semana. Muchos no aguantaron, señaló muy a pesar de que fue Garzón quien los postuló precisamente por sus calidades. Fue el caso de Guillermo Cárdenas, quien apenas aguantó 26 días. “No resistió”.
Sobre el tema del estrés, Garzón recordó el caso de Cenaida Mejía Báez —a penas trabajó 52 días—: “Le pedí que me acompañara y ella con la lágrima en el ojo me dijo que estaba muy mal, tenía una parálisis facial y tuvo que retirarse”. Por último, la magistrada, cuyas cuentas están embargadas por la Contraloría, insistió en que nunca tuvo el ánimo de pensionar a nadie en su despacho, que ella no maneja la partida presupuestal del Consejo y que eso le corresponde a la Sala Administrativa. Dijo que hay una evidente persecución y que la ley no le exige preguntarles a los postulados si están a punto de pensionarse, pues aquello puede interpretarse como una discriminación.
En síntesis, la magistrada sostuvo que actuó con apego a la ley y que muchos de sus magistrados auxiliares se fueron porque no dieron la talla.
LAS DENUNCIAS DE SANDRA MORELLI
Siguen robándose recursos en salud": Contraloría
La contralora general asegura que las investigaciones para detectar responsabilidades en la billonaria fuga de recursos se dificultan.
Los problemas con las EPS del país parecen no acabar. De acuerdo con la contralora general de la República, Sandra Morelli, hay nuevas investigaciones con juicio de responsabilidad fiscal e implicaciones penales en el sector de la salud. Asegura que grandes cajas de compensación familiar están involucradas en las mismas prácticas de corrupción en el sistema.
Le presentó usted a la Corte Constitucional un panorama de la salud muy preocupante. ¿Qué es lo que plantea ese informe en términos de investigaciones?
Lo que resulta de las investigaciones, tanto forenses como académicas, es que existen en el sistema una serie de falencias que son propicias para que los recursos de la salud se desvíen, se apliquen a fines diferentes a los que están previstos o, por el contrario, que se deba inyectar un porcentaje o una cuantía muy superior de recursos para prestar el servicio.
La gran conclusión es que se requiere un sistema de controles preventivos más eficaz, agudo e incisivo; además, un comportamiento jurídico ortodoxo y respetuoso de la ley por parte de los operadores y administrativos, llámense superintendencias, comisiones de regulación, etcétera. En lo que respecta a la Contraloría, se necesita una acción decidida para establecer quiénes son los responsables y se puedan recuperar los recursos que se han desviado o apropiado indebidamente, montos que son impactantes para el sistema.
¿De cuánta plata estamos hablando?
La ministra de Salud, Beatriz Londoño, habló de inconsistencias, un término muy bien pensado, pero para ser más concretos, de sobrecostos en medicamentos de un billón de pesos sólo el año pasado. Apliquémosles esa medida a varios factores que contribuyen a incrementar los costos de salud, es decir, estamos hablando de billones.
¿Esta es la misma denuncia que hizo el presidente cuando anunció las intervenciones de EPS o estamos hablando de que esto sigue ocurriendo en el país?
Sigue ocurriendo, incluso respecto a entidades que están intervenidas.
¿Cuáles son los mecanismos que usan para desviar los recursos?
Primero tenemos el que todo el país conoció, que es el tema de los recobros; este es casi de los penúltimos eslabones del sistema. Muy probablemente muchos de los recobros que el Fosyga se ha visto obligado a pagar hacen referencia a cifras que son 5, 10, 15 o 50 veces superiores a lo que costaba ese medicamento o ese servicio que en muchos casos estaba incluido en el POS, pero basta cambiar el nombre o hacerle una presentación distinta para asumir que se puede recobrar al sistema. A eso agreguémosle que estamos hablando de sujetos que tienen la medicina prepagada y de rubros que muy posiblemente debían asumirse por esa vía. Así la EPS recibe el recurso de la medicina prepagada, no afecta al régimen contributivo y logra que se le cargue al POS un monto que supera cinco o seis veces el valor real. Tenemos casos de doble listado de pacientes, donde los hombres se vuelven mujeres porque éstas son más costosas para el sistema.
¿O sea que están afiliando a personas fantasmas?
Sí, y en muchos casos los hombres se hacen pasar por mujeres porque la UPC (Unidad de Pago por Capitación) es mayor. Está también el tema de la UPC para adultos mayores, donde se está reportando inflado el número de pacientes.
¿Cuáles son las entidades que están haciendo esto?
No lo puedo decir, porque todas están en investigación fiscal.
¿Cuántas investigaciones hay?
La Contraloría tiene investigaciones en este momento de siete EPS y están cerca de abrirse el doble o, eventualmente, el triple.
¿Hay EPS internacionales vinculadas a esto?
Sí, hay EPS que funcionan fuera del país y que han sido constituidas para atender a los colombianos con la plata pública de la salud por vía de interpretaciones laxas o sencillamente manipulaciones contables o de comportamiento fraudulento. Éstas terminan siendo aplicadas en inversiones personales de algunos administradores de EPS y de cooperativas.
¿Las investigaciones involucran también a servidores públicos?
Hasta el momento no tenemos pruebas concretas de corrupción de funcionarios en cohecho o concusión. Lo que sabemos es que se ha creado un estado de tolerancia y miedo a que el sistema colapse, lo que sigue permitiendo que la fuga de recursos sea grande. No se requiere necesariamente una reforma legislativa, sólo puntos muy concretos. Por ejemplo, nosotros no podemos seguir actualizando financieramente la UPC, tenemos que hacer un análisis de costo y que todo esté científicamente sustentado. Para la Contraloría es claro que la UPC está sobredimensionada.
¿Ha hablado con el Gobierno de este tema?
Sí, la ministra de Salud lo tiene claro. El anterior ministro lo tenía claro, el superintendente lo tiene claro. Lo que falta es saber cuánto nos vale el sistema. Lo segundo es la información, no podemos seguir con estas lógicas donde el operador privado es el dueño de la información y el Estado no sabe nada. Esto no se soluciona de la noche a la mañana, pero sí tiene que ser una política prioritaria de seguridad nacional. Los recursos se nos van a seguir perdiendo porque hay gente experta en aprovechar las falencias del sistema.
¿Qué es lo más difícil en estas investigaciones?
Que hay personas no sólo en el sector de la salud especializadas en penetrar las altas esferas del Estado. Y no lo hacen por la vía tradicional, sino por vías refinadas, buscando contratar a esposas o a maridos que ocupan cargos de particular importancia, o bien para que se declaren impedidos, o bien para hacer parecer que todos están dentro de la misma sopa. Cuando uno encuentra determinados operadores de recursos públicos, que tienen relaciones cercanas laborales, económicas, políticas, afectivas, sociales, con estamentos responsables de tomar decisiones relevantes, hay que razonar de otra forma. Aquí lo que hay es un especialista que trata de minar la libertad de decisión de las distintas esferas del Estado y como nadie tiene la posibilidad de ver eso conjuntamente, pues se administra mediante la vía de los impedimentos y las recusaciones.
¿Estamos hablando de personas vinculadas a SaludCoop, con el Estado, con el Gobierno?
Podría ser un ejemplo, pero hay muchos otros. Hay conductas que deliberadamente tienen una estrategia de sumir al Estado en una red que le haga muy difícil su actuación. Ya no es una casualidad que resulten personas que están casadas con la prima o que se encontraron en un coctel.
¿Me puede mencionar casos concretos?
No puedo, pero hay muchos casos no sólo en salud, donde uno nota que hay una “mente” detrás haciendo un diseño, porque es demasiada perfecta la forma en la que logran llegar a quienes toman grandes decisiones. Entonces hay que mirarlo desde otra óptica, no es un tema de que fulano asesoró y que se declare impedido. No, esto es que ni fulano ni zutano saben que en realidad están siendo víctimas de una red deliberada, para minarle la libertad de su decisión.
El caso de las cajas de compensación
¿Las cajas de compensación familiar están involucradas en esta cadena de corrupción?
Hay algunas que tienen problemas parecidos o iguales. En estos casos hay aspectos adicionales relacionados con autoabastecimiento de medicamentos u otros servicios por fuera de las reglas de la libre competencia. Esto propicia un incremento de costos que de otra manera tendrían que ser distintos o sometidos al mercado de la oferta y la demanda.
¿Estamos hablando de las grandes cajas de compensación, como Cafam y Colsubsidio?
Eso también está sometido a reserva. Es importante subrayar que hay unos casos que son de corrupción y otros de tolerancia de desvío, pero las dos conductas generan daño fiscal.
¿Podrían estar comprometiendo la plata del subsidio familiar?
Eso podría suceder eventualmente.
¿Y tienen investigaciones de juicio fiscal abiertas?
Sí, y en muchos casos la Contraloría espera que al percatarse de las investigaciones hagan las reversiones. En ocasiones no es sino cambiar de pronto la titularidad. Por ejemplo, si han comprado activos con plata del sistema, pues que ese activo no quede a nombre de la EPS.
Los procesos de la Contraloría
Actualmente, en la Contraloría General hay dos procesos fiscales abiertos (SaludCoop y Famisanar). También hay cuatro investigaciones preliminares pendientes de cierre o pendientes de la apertura de proceso formal (Sánitas, Coomeva, Caprecom y recursos de régimen subsidiado en más de 70 municipios del país). Además existen seis indagaciones pendientes por abrir.
En el caso de las EPS, las investigaciones adelantadas por la Contraloría están relacionadas con casos de peculado, concierto para delinquir y lavado, entre otros.
Mañana se realizará la audiencia pública contra Famisanar EPS y Cafam. Debido a los hallazgos preliminares, se compulsaron copias para determinar si se abren más investigaciones.
UNA TERNA DE MUJERES PARA LA FISCALÍA
Por: Rodrigo Uprimny
El presidente Santos debería integrar exclusivamente con mujeres la terna de la cual la Corte Suprema elegirá fiscal, con el fin de que la Fiscalía siga siendo dirigida, en el siguiente período, por una mujer.
La justificación esencial de esta propuesta es que, a pesar de ciertos avances, en Colombia subsiste una gran inequidad de género en los altos cargos, en especial en el Poder Judicial y en el Congreso.
Gracias en parte a la Ley 581 de 2000, mejor conocida como Ley de Cuotas, hoy hay mayor participación femenina en los altos cargos de la Rama Ejecutiva. Esa ley ordena que al menos un 30% de esos cargos directivos sean ocupados por mujeres. Y, en general, en los últimos años, aproximadamente un 40% de los altos cargos gubernamentales han sido desempeñados por mujeres. Es un adelanto importante, pues en los años noventa el porcentaje de ministras en el gabinete fue muy bajo y nunca superó el 15%.
Pero Colombia sigue muy atrasada en equidad de género en representación política. En 18 departamentos nunca ha habido gobernadoras y las mujeres rara vez han ocupado más del 14% de las curules en el Congreso, muy por debajo del porcentaje alcanzado por otros países latinoamericanos, como Costa Rica (39%), Argentina (38%), Ecuador (32%), Perú (27%), México (26%) o Bolivia (25%). Es posible que eso ocurra porque la Ley de Cuotas no se aplica a los partidos ni al Congreso
Esa Ley 581 se aplica además muy débilmente en la Rama Judicial, en parte porque las propias decisiones judiciales de las altas cortes han limitado su alcance. Por ejemplo, a pesar de que la ley dice que en toda terna siempre debe haber una mujer, la Corte Suprema se negó a incorporar una mujer en algunas de sus ternas para la elección de magistrados de la Corte Constitucional, justificando esa omisión con una argumentación jurídicamente muy problemática, que por limitaciones de espacio no puedo controvertir.
El resultado es que la composición de género de la cúpula judicial no es muy equitativa. En la Corte Suprema sólo hay 4 mujeres entre los 23 magistrados que hoy la conforman, menos del 18%. Y en años anteriores, la cosa era peor. La Corte Constitucional, por su parte, sólo ha tenido dos magistradas en toda su historia, frente a una treintena de magistrados. En el Consejo de Estado la cosa es un poco mejor, pues hoy hay 9 magistradas entre sus 29 integrantes.
En ese contexto, la llegada por primera vez de una mujer al cargo de fiscal general representó un avance significativo en equidad de género en la Rama Judicial. Además, este año fue suficiente para que Viviane Morales le demostrara al país, y en especial a todos los machistas escépticos, que una mujer, con la formación profesional y de carácter adecuados, puede ser una excelente fiscal.
La Fiscalía no es pues un cargo únicamente para hombres y por ello conviene, para mantener ese avance en equidad de género, que al menos por esta vez el presidente integre una terna femenina, lo cual es posible, pues hay muchísimas mujeres que, además de Viviane Morales, podrían ser excelentes fiscales. Obviamente está la propia Martha Lucía Zamora, que el país ya ha empezado a conocer. Pero permítanme citar, con simple ánimo ilustrativo, otros nombres: Nubia Herrera, exprocuradora delegada en asuntos penales; María Teresa Garcés, exconstituyente; Sandra Jeanette Castro, exjefa de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía; Lucía Arbeláez, exmagistrada del Consejo de la Judicatura, o Patricia Linares, exprocuradora delegada en derechos humanos. Y hay muchas otras que no conozco o no cito por límites de espacio. Pero es claro que el presidente puede conformar una terna femenina de lujo.
REVISTA SEMANA
PRESIDENTE SANTOS ANUNCIA LA TERNA PARA FISCAL
El presidente Juan Manuel Santos anunció que los integrantes de la terna para que la Corte Suprema de Justicia elija al próximo fiscal general de la nación son Mónica de Greiff, María Luisa Mesa y Eduardo Montealegre.
Mónica de Greiff es abogada de la Universidad del Rosario, con especialización en derecho administrativo. Fue secretaria general y viceministra de minas, ministra de Justicia y actualmente se desempeña como gerente de la Empresa de Energía de Bogotá.
Por su parte, María Luisa Mesa también es abogada del Rosario, fue superintendente de sociedades y trabajó en la empresa Avianca. Es profesora del Rosario y de la Javeriana, y desde el 2009 es conciliaria de la Universidad del Rosario, un cargo que por primera vez en 350 años ocupa una mujer.
Eduardo Montealegre es abogado del Externado, con especializaciones en derecho penal y derecho constitucional. Ha sido profesor de derecho penal durante 20 años, viceprocurador general de la nación, magistrado y presidente de la Corte Constitucional
CMI
CORTE CONSTITUCIONAL TUMBA SENTENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
Corte Constitucional tumbó una sentencia del Consejo Superior de la Judicatura que anuló un fallo de la Corte Suprema de Justicia que condenaba a la excongresista, Sandra Arabella Velásquez, por el delito de falsedad en documento.
El Alto Tribunal encontró que la tutela interpuesta por la exparlamentaria en contra del fallo condenatorio no era procedente porque no hubo ninguna violación de sus derechos fundamentales.
Según la Corporación, la Sala Disciplinaria de la Judicatura se equivocó al conceder la tutela, desconociendo los hechos y las pruebas presentadas en contra de Arabella Velásquez.
Para la Corte Constitucional, el fallo de la Sala Penal de la Suprema, que condenó a seis años de prisión a la exrepresentante a la Cámara, está bien sustentado probatorio y jurídicamente.
Con esta decisión la sentencia de la Corte Suprema de Justicia queda en firme, aunque se ordena aplicar la ley 890 de 2004 sobre redosificación de penas para efectos de imponer la pena a la parlamentaria.
Sandra Arabella fue condenada por utilizar un avión de la Fuerza Aérea Colombiana para supuestamente transportar unos mercados al Guainía durante su campaña electoral en el 2006.
CARACOL RADIO
NO SE PUEDE CREAR MANTO DE DUDA SOBRE LAS ALTAS CORTES: SANTOS SOBRE "CARRUSEL DE PENSIONES"
El presidente Juan Manuel Santos mostró su preocupación por que las investigaciones que adelanta la Contraloría General de la Nación sobre el llamado "carrusel de pensiones" en magistrados de la rama judicial terminen generando un manto de duda sobre las altas cortes.
"El gobierno apoya estas investigaciones, que deben llegar hasta las últimas consecuencias, pero nos preocupa que a raíz de las mimas se quiera tejer un manto de duda sobre las altas cortes y sus integrantes o extender la situación más allá de sus propios límites, generando una cortina de humo, lo peor que puede pasar es generar las acusaciones o anticiparse a las conclusiones finales", señaló Santos.
El mandatario destacó la investigación adelantada por la contralora general, Sandra Morelli, en este caso, pero agregó que como jefe de Estado "siempre haré lo necesario para defender la institucionalidad y dentro de ella la honorabilidad y dignidad de nuestras altas cortes".